Así empezó todo. La verdad sobre el caso Chinchilla (I)

Principios de 2012. Albacete. Una pareja en trámites de separación. Dos hijas en común. Un buen nivel de vida. Ingredientes comunes en miles de historias de matrimonios rotos. Vicente Chinchilla Nuño de la Rosa, albaceteño de 51 años, ingeniero industrial, y su mujer, Paz, decidieron separarse tras 12 años de convivencia. Vicente nos pide que expliquemos que la iniciativa de la separación partió de él, pero que, mal asesorado, propició que fuera ella quien presentara la demanda. «Tenemos una hija con minusvalía y me aconsejaron que no presentara yo la demanda de separación porque parecería el malo de la película», nos cuenta el propio Vicente. Esto no tendría ninguna importancia si los hechos se hubieran desarrollado con normalidad, pero en este caso todos los detalles importan. O, mejor dicho, habrían tenido que importar, pero maliciosamente el tribunal sentenciador impidió que la denuncia contra Vicente pudiera contextualizarse en un proceso de separación matrimonial.

«Yo le propuse la custodia compartida, pero ella se negó. Decidimos que la separación sería progresiva para hacer el menor daño a nuestras hijas. Hasta la comunión de la mayor y el final de curso, no haríamos efectiva la separación total.  Yo pasaba los fines de semanas en un apartamento de mis padres en Alicante. El resto de la semana lo pasaba entre el hogar conyugal y la casa de mis padres. Dormíamos en habitaciones separadas: yo, en la planta de abajo, y ella en una habitación arriba. Era una situación difícil, en la que ella me amenazaba con denuncias por todo tipo si no accedía a darle lo que pedía», aclara Vicente desde el Centro Penitenciario de Albacete, donde lleva ya cinco años.

El motivo: el dinero, el nivel de vida. La mujer trabajaba y era mileurista y le reclamaba en la separación 4.500 euros a mes: 1.000 para ella, 1.500 para la hija mayor, de 10 años en ese momento, y 2.000 para la pequeña, de 6, que padece una parálisis cerebral. Vicente tenía buenos ingresos, pero no como para afrontar esa cifra mensual. Además, ella le pedía una indemnización compensatoria de 150.000 euros, casa y coche. Se atisbaba que la separación no iba a ser amistosa, pero ni Vicente ni su familia podían imaginarse la tragedia que les aguardaba.

Vicente Chinchilla y su exmujer, en 2011. Foto: Archivo de la familia Chinchilla.

Mayo de 2012. Una semana antes de la comunión de la hija mayor. Ese fin de semana Vicente no se fue a Alicante. La hija de unos amigos tomaba la comunión y decidieron ir al evento juntos. «Me convenció para que fuéramos porque la comunión se iba a celebrar en el Parador de Albacete, donde celebraríamos también la de nuestra hija, y Paz quería que comprobásemos si el lugar estaba bien», comenta Vicente. Por la noche, al regresar a casa, se produjo una relación sexual. Consentida. En su denuncia, Paz diría después que se trató de una violación. Una semana después, con motivo del puente por la festividad de Castilla-La Mancha, la pareja se marchó con sus hijas a Madrid para ver el espectáculo El Rey León. Se alojaron en una única habitación.

Noviembre de 2012. «En noviembre decidimos que ya era el momento de que cada uno hiciera vida en viviendas distintas; sopesamos hasta pasar las navidades juntos, pero en diciembre teníamos fijada la vista de medidas provisionales –la demanda de separación se presentó en octubre– y el ambiente podría enrarecerse, por lo que hablé con mis padres y preparamos todo para quedarme en su casa, hasta que estuviera libre la vivienda que tenía decidido adquirir, y que en esos momentos ocupaba un amigo en alquiler», explica Vicente Chinchilla.

El 22 de noviembre iba a ser el último día que Vicente Chinchilla permanecería en el hogar conyugal. Al día siguiente iba a mudarse. Sobre las siete y media de la mañana, la mujer le había exigido hablar de la custodia de las niñas y de la pensión que debía pasarles él. Ocurrió en el cuarto de baño de Vicente, que Paz también usaba, en la planta baja del dúplex. Ella se acababa de duchar y estaba en albornoz. Vicente rehusó la charla, convencido de que el asunto lo tenía que dirimir un juez. «Siempre me amenazaba con descalificarme en el juicio con testigos de lo más variopinto –dice Vicente–. No tenía nada qué hablar con ella».  Este episodio sería descrito por Paz como una violación sin eyaculación en la denuncia que presentó al día siguiente.

El viernes 23 de noviembre, sobre las seis de la tarde, al concluir una comida con cuatro socios, Vicente recibió la llamada de la Policía Nacional: su mujer le había denunciado por malos tratos. Los agentes le dijeron que podía irse el fin de semana al viaje que tenía previsto –a Murcia– y que el lunes se presentase en el juzgado; cosa que hizo. Comenzaba entonces un calvario de proporciones mayúsculas.

«Mi familia, tan asustada como yo por el cariz que tomaba el caso, contactó con un familiar que es fiscal para que nos aconsejara y nos recomendara un letrado. Éste como no podía ser de otro modo, se interesó, se informó y nos tranquilizó: “Nada ha hecho, nada ha de temer”. Recomendó –según le asesoró un colega–discreción y nada de un abogado estrella, que gustan de casos mediáticos. «Tampoco entréis en guerras y en demandarla a ella por  falsa acusación», nos dijo. Nos recomendó a un abogado de Albacete, que coincidía en lo mismo: demostrar mi inocencia pero sin atacar a la otra parte». Otro error. Uno más en la larga cadena de equivocaciones que rodeó la defensa de Vicente Chinchilla.

Vicente Chinchilla estuvo en prisión preventiva desde el 27 de noviembre de 2012 hasta el 22 de febrero de 2013, acusado de dos violaciones a su mujer: una supuestamente ocurrida el 20 de mayo de 2012 –que no fue denunciada en su día y que ella no supo situar, llegando a decir que «fue en abril o mayo«–, y otra el 22 de noviembre de ese año, de la que tampoco había rastro, puesto que Paz se negó a ser examinada por un ginecólogo forense, tal y como establece el protocolo de agresiones sexuales. Se negó al examen y además alegó que la violación había sido sin eyaculación.

A su salida de prisión, Vicente pudo disfrutar de sus hijas –fines de semana alternos– y atender sus compromisos profesionales. «El equipo forense determinó un riesgo bajo de fuga y que yo no presentaba el perfil de agresor. Me concedieron la libertad provisional sin ningún tipo de restricción. Pude viajar a Europa e incluso a Colombia y República Dominicana, por lo que hubiera sido fácil quedarme y sustraerme a la acción de la justicia. Pero nunca se me pasó por la cabeza tal idea. Mi fe en la justicia me hacía pensar que como nada había hecho, no me condenarían». Un pensamiento compartido por cualquier ciudadano de bien en un Estado de Derecho.